¿Y la diplomacia parlamentaria con Nicaragua?

Desde Abril del año corriente todos los Congresos en Centroamérica tenían la obligación moral de señalar lo que estaba sucediendo en Nicaragua que eran protestas pacíficas de estudiantes universitarios y sociedad civil para exigir una renuncia del presidente Ortega por el tema de la financiación de las pensiones del Seguro Social en Nicaragua.

Como parte de una neutral diplomacia parlamentaria y en ánimos de ser un país (El Salvador) contundente y consistente en lograr una integración Centroamericana era de esperarse una condena unánime frente a la coyuntura que se vive de una violación a los derechos civiles y políticos, mismos que Nicaragua ha suscrito en convenciones internacionales en años anteriores. La diplomacia parlamentaria no sólo se tienen en las recepciones diplomáticas como debe saberse sino que frente a estas malas prácticas gubernamentales que ya creíamos superadas en el siglo pasado.

En la Asamblea Legislativa de El Salvador era cuasi obligatorio que se tuviera una declaración de los 84 diputados exigiendo un diálogo transparente en Nicaragua, un cese al fuego y que se permita tener mayor actividad política a la Comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigida por Paulo Abrao.

A fines de Junio el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) emitió un comunicado muy breve y conciso en el cual se condena lo que ha sucedido: un respaldo absoluto al sostenimiento del diálogo nacional liderado por la Conferencia Episcopal y también un respeto a los derechos humanos de la población. Los ciudadanos Centroamericanos todos, funcionarios públicos y los que no lo somos estamos a prueba, de poder condenar públicamente lo que está sucediendo que como repito, ya creíamos superado en las últimas décadas del siglo pasado.

Tenemos que entender que se ha venido trabajando en un proceso de integración Centroamericana y que los parlamentos de Centroamérica son actores muy importantes para poder vincular a los ciudadanos con este proceso. Por nuestra vocación de los Acuerdos de Chapultepec en 1992 que se logró el inicio de la construcción de la paz social debemos ponernos en primera fila alzando la voz desde la Asamblea Legislativa de El Salvador para abogar por los derechos humanos de todos los civiles de Nicaragua, los Obispos que han sido agredidos por grupos paramilitares y la liberación de presos políticos por la libre protesta.